Juristas al Derecho: ¡NO ES TAREA FÁCIL, JURISTAS!

En principio, la idea del Derecho como neutralizador de pasiones y herramienta para fallos en sentido justo y equitativo es supremamente inspiradora y motivacional para quienes nos dedicamos al estudio del mismo. Sin embargo, existen esferas de intervención del derecho donde cualquier justificación parece corta para continuar dejando en alto el ideal de la efímera justicia. Tal es el caso de los procesos penales, donde la intervención del Estado frente a la esfera de libertad del sujeto acusado debería constituir un ejercicio neutralizador de pasiones y valorativo bajo criterios jurídicos.

Pero, para un abogado, no parece sencillo poner de presente una lógica garantista ante los diferentes sujetos de un proceso penal, sobre todo para quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad como es el sujeto juzgado. Aquel que, bajo la óptica de la moral, del ciudadano común, de las pasiones y sobretodo de los medios es un monstruo que no merece consideración alguna, incluso un sujeto carente de garantías y derechos…Allí es donde tiene que entrar el Derecho, sin embargo… ¡no es tarea fácil, juristas!

En consecuencia, existen múltiples circunstancias que condicionan la posibilidad de desarrollar un acto de juzgamiento imparcial, pero esta no es la implicación más preocupante de lo que sucede en la esfera de los procesos penales, pues del juzgamiento existe un elemento sobreviniente que es quizá el más preocupante y relevante tanto para el jurista, la víctima en algún sentido y el ciudadano juzgado: la pena privativa de la libertad, una plaga reversible pero impregnada en el ideal de una sociedad aparentemente castigadora.

A mi juicio, existen múltiples problemáticas respecto al posicionamiento de la idea de la cárcel como el mecanismo más óptimo de castigo y enseñanza para quién infringe una norma penal y a su vez lesiona un bien jurídico.

Entre ellas podemos decir que existe una aparente necesidad de penalizar, y a su vez una ausencia de racionalización a la aplicación del poder punitivo. Sin embargo, digo aparente porque, los ciudadanos reclaman más penas como castigo no porque crean en el poder del Estado como herramienta suficiente, coercitiva y eficaz sino porque a la luz de las pasiones, el ejercicio de una práctica humanamente degradante como lo es la prisión, es la mejor manera de pagar o retribuir el daño que les ocasionaron, aún cuando la peligrosa estadía del reo allí no le devuelva al sujeto afectado su paz o incluso su vida.

Aún así, si hablamos, ni siquiera desde criterios jurídicos sino de mera experiencia, la cárcel como lugar propio de hacinamiento, de violación a derechos humanos, de degradación de la condición humana, de escuela de delito y de enriquecimiento de algunos particulares (en el caso de concesión de cárceles) no constituye bajo ninguna circunstancia una herramienta para resocializar o prevenir la comisión de los delitos.

Por tanto, considero que como juristas nos encontramos con un reto gigante que nos obliga a adquirir el conocimiento y la capacidad para exigir al Estado nuevas alternativas de corrección, que deberá este desprender como el gran aparato coercitivo y monopólico del uso de la fuerza que es, pues si bien la cárcel en principio parece la única salida, si trascendemos las posibilidades nos damos cuenta que existen otros mecanismo para cumplir fines verdaderamente resocializadores y preventivos.

Y no señores, no es tarea fácil ponernos en la posición de exigentes frente a nuevas respuestas estatales, puesto que las respuestas que estamos pidiendo para sustituir en alguna medida las prisiones son exigencias poco populistas, con un alto costo político y a su vez son medidas que resultan efectivas a largo plazo, cuando se haya permeado un buen sector de la población que perciba el beneficio de una solución distinta a la carcelaria, una solución que castigue, que prevenga, pero sobretodo que se dé en virtud de unos criterios jurídicos garantes de los derechos fundamentales de quien será juzgado.

TANGA